La neurociencia aplicada al derecho, o neuroderecho, explora cómo los avances en la comprensión del cerebro y el comportamiento pueden impactar en la legislación, la justicia y la aplicación de la ley.
La Ley Nacional de Ejecución Penal es el marco legal que regula el internamiento por prisión preventiva, la ejecución de penas y las medidas de seguridad impuestas en el sistema de justicia y tiene como objetivo fundamental garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad en los centros penitenciarios.
El procedimiento de responsabilidades administrativas es un proceso legal que se sigue cuando se considera que un servidor público ha cometido una infracción administrativa. Este proceso busca determinar la responsabilidad del servidor público y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes.
El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares establece los procedimientos para resolver conflictos entre particulares en México. Priorizar la oralidad, el acceso a la justicia, la justicia digital, el respeto a los derechos humanos y la protección de personas vulnerables; y permitir que todos los procedimientos regulados en el código se tramiten bajo la modalidad de procedimiento en línea.
El Código de Comercio establece las normas que regulan las actividades comerciales y mercantiles del país. En México, dicha norma regula el Juicio Oral Mercantil, además de establecer los juicios que se generan por actos de comercio y que se tramitarán todas las contiendas mercantiles sin limitación de cuantía.
Los Juicios de Amparo son todos aquellos procesos que suponen el despliegue de un control constitucional de leyes, decisiones, actos y omisiones cometidas por cualquier autoridad, sea local o federal, en nuestro país. En este tipo de procesos, las juezas y los jueces federales determinan si la conducta de la autoridad demandada resultó o no contraria a los derechos humanos, así como a otras disposiciones, normas o principios de naturaleza constitucional.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado respecto a que el Estado mantiene la obligación inicial de garantizar el acceso a la justicia, especialmente en materia de justicia. En este sentido y a partir del decreto de por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se incluye en su libro Octavo el Código la Justicia Digital el cual hace espacial referencia a la aplicación de la tecnología digital en la administración e impartición de la justicia.
La teoría del caso puede ser concebida desde diferentes perspectivas. Sin embargo, para la materia civil y familiar, es aquella que se concibe como la respuesta a un problema jurídico, la cual se concretiza en una determina versión de los hechos, demostrados a través de ciertos medios de prueba que permiten la aplicación del Derecho al caso particular que se sustenta.