Dar a conocer al público en general los mecanismos de identificación, prevención y sanción de las conductas de hostigamiento y acoso sexual dentro del servicio público. El objetivo es dotar a la ciudadanía de herramientas jurídicas que garanticen espacios laborales libres de violencia y aseguren la integridad en la administración pública. Lo anterior de conformidad a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Analizar la figura de la Audiencia de Tutela de Derechos y la metodología para maximizar los principios de Contradicción, Debido Proceso, Derecho a la Prueba, Tutela Judicial Efectiva, que son interpretados en las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Europea, y facilitar al operador jurídico la manera de exponerlos eficazmente ante el Juez de Control para obtener un acto de investigación negado por el Ministerio Público.
Promover entre la sociedad en general los principios, reformas y mecanismos procesales diseñados para garantizar la igualdad de género, prevenir la discriminación y proteger los derechos de las mujeres en todos los procedimientos civiles y familiares; asimismo, analizar los conceptos clave para la defensa de sus derechos, como la brecha salarial de género, la prohibición de discriminación basada en sexo, embarazo, estado familiar o identidad de género.
Promover los criterios relevantes dictados por el Alto Tribunal, sobre los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, desde un enfoque inclusivo, de explicación clara y sencilla, de conformidad con el principio de Acceso a la Justicia; y explicar la manera en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido garante de los Derechos Humanos de este sector de la población, a través de sus sentencias, como parte del sostenimiento del Estado Constitucional de Derecho.
Dar a conocer a la comunidad jurídica de la entidad, la manera en que se garantiza el reconocimiento de la autonomía de los Pueblos y Comunidades Indígenas, mediante las sentencias que dictan la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quienes protegen y garantizan las condiciones de igualdad, el pleno ejercicio y goce de sus Derechos, al interpretar y aplicar el Sistema Jurídico Nacional e Internacional en concordancia con la normativa de estos grupos vulnerables.
Analizar las implicaciones del nuevo sistema de precedentes y su relación con la enseñanza del derecho; además, difundir el impacto que ha tenido el estudio de estas herramientas pedagógicas en las escuelas de Derecho, con la finalidad de contribuir a la construcción de un conocimiento orientado, basado en metodologías y principios que derivan de los criterios jurisdiccionales.