El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares establece que las partes deben contar con una defensa técnica y efectiva. Cuando el caso involucre o afecte los derechos de niñas, niños y adolescentes, el Código exige obligatoriamente que esta defensa sea especializada.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que la función policial tiene como fin primordial la seguridad y protección de la sociedad. Para ser constitucional, todo acto de autoridad debe respetar los derechos humanos. Razón por la cual la función policial ocupa un lugar primordial en materia de seguridad ciudadana. Por ello, la legitimidad y eficacia de las actuaciones de estos agentes estatales son fundamentales para promover la seguridad, la justicia y los derechos humanos en las sociedades.
El uso de herramientas tecnológicas en los poderes judiciales en México, conocido como justicia digital, busca modernizar la impartición de justicia mediante expedientes electrónicos, audiencias virtuales y notificaciones en línea para mejorar la eficiencia y transparencia. Destacan sistemas como el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.
El Sistema Penal Acusatorio en México, fundamentado en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, opera bajo cinco principios rectores clave que han sido interpretados y consolidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A través de criterios jurisprudenciales, estos principios garantizan un debido proceso y la protección de los derechos humanos.
La proximidad, concebida como un mecanismo de gestión policial y una filosofía institucional, busca construir la seguridad de manera colectiva, poniendo en el centro a la ciudadanía, la confianza y el respeto irrestricto a los derechos humanos. De acuerdo con la doctrina y precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta estrategia busca transitar de un modelo puramente reactivo a uno preventivo y comunitario.
Las técnicas de investigación penal en México se encuentran reguladas por el Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, estas técnicas son procedimientos sistemáticos y utilizados por el Ministerio Público y así como la policía para el esclarecimiento de los hechos. Estos procedimientos Incluyen técnicas ordinarias y otras especiales que necesariamente requieren autorización judicial. Al respecto es importante trae a cuenta los criterios jurisprudenciales a través de los cuales se han definido dichas técnicas.
La participación de las mujeres en la vida pública es fundamental para la democracia y el desarrollo, logrando avances significativos hacia la paridad en cargos de toma de decisiones. Aunque la representación ha aumentado, las mujeres enfrentan barreras estructurales, estereotipos de género y violencia política que limitan su plena inclusión en la política y el sector público.
La tortura es tortura es una grave violación a los derechos humanos; de los criterios jurisdiccionales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que se está frente a un caso de tortura cuando: la naturaleza del acto consista en afectaciones físicas o mentales graves; infligidas intencionalmente; y con un propósito determinado, ya sea para obtener una confesión o información, para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de la persona.
La implementación en Coahuila del Juzgado Especializado en Adopciones fortalece la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en virtud de que responde a la necesidad de brindar respuestas más ágiles, eficientes y humanas en procesos que requieren especial cuidado, sensibilidad y conocimiento técnico para una impartición de una justicia más sensible, cercana, especializada y comprometida con el interés superior de la niñez.
La reforma judicial en México hace referencia a una serie de modificaciones, inicialmente a nivel Constitucional pero también en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación entre otras instituciones, así como procedimientos del sistema de justicia. Tiene como propósito modernizar la operación de los tribunales, hacer más eficiente la impartición de justicia, la protección de los derechos humanos de las personas en situación de vulnerabilidad y fortalecer la transparencia en el ámbito judicial.
El derecho de acceso a la salud consagrado en el artículo 4º Constitucional es un derecho humano integral que obliga al Estado a garantizar servicios médicos oportunos, de calidad, accesibles y permanentes.
Los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias son procedimientos no jurisdiccionales cuyo objeto consiste en propiciar la avenencia entre las partes de manera voluntaria, pacífica y benéfica: además buscan contribuir a una solución legal satisfactoria de manera amigable a su problema de carácter Civil, Mercantil, Familiar, Penal o de Justicia para Adolescentes, pretendiendo así, evitar la apertura de procesos judiciales.