Proporcionar a integrantes del Poder Judicial del Estado en su función de primer contacto de las personas justiciables, herramientas conceptuales y prácticas, bajo el esquema de protección a los derechos humanos de las personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria e históricamente discriminadas, con la finalidad de cumplir con la normativa internacional y nacional, así como con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.