Dar a conocer a la comunidad jurídica y al público en general, con base en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Constitución Política y las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las obligaciones que deben cumplir los involucrados en el proceso para proteger los derechos de una persona detenida y garantizar el debido proceso y el derecho de acceso a la justicia.