Dar a conocer a la comunidad jurídica y al público en general, con base en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las obligaciones que deben cumplir los involucrados en el proceso para proteger los Derechos de una persona detenida; así como, garantizar el debido proceso y el Derecho de acceso a la justicia.